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En el marco de las flexibilizaciones de los controles cambiarios iniciados por la Comunicación “A” 8226 del pasado 11 de abril -estos, principalmente, focalizados en personas humanas-, con fecha 16 de abril de 2025 el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) emitió la Comunicación “A” 8230 con el objetivo principal de facilitar el acceso al mercado libre de cambios (“MLC”) a inversores no residentes.

Además, por medio del comunicado de prensa emitido por el BCRA con fecha 16 de abril de 2025, se anunció la emisión de una nueva serie de Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (“BOPREAL”) -es decir, la cuarta serie-. En esta misma línea, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (“ARCA”), por medio de la RG 5675/2025 publicada en el Boletín Oficial el 16 de abril de 2025, reglamenta el procedimiento para aplicar los BOPREAL para el pago de obligaciones impositivas y aduaneras.

Comunicación BCRA “A” 8230

En relación con el acceso al MLC para la cancelación de capital y/o intereses de endeudamientos financieros con el exterior, se elimina el requisito de la conformidad previa del BCRA cuando la contraparte acreedora del exterior es una entidad vinculada al deudor; ello así, siempre que tales financiamientos tengan una vida promedio no inferior a 180 días y los fondos hayan sido ingresados y liquidados por el MLC a partir del 21 de abril de 2025.

Por otro lado, también se elimina el requisito de la conformidad previa del BCRA para acceder al MLC para la repatriación de inversiones de no residentes en dos supuestos: (i) cuando se trate de inversiones directas de no residentes en empresas que no sean controlantes de entidades financieras locales, en la medida que el aporte de capital haya sido ingresado y liquidado por el MLC a partir del 21 de abril de 2025 y la repatriación tenga lugar al menos 180 días después de la liquidación de los fondos del aporte; y (ii) cuando se trate de repatriación por parte de no residentes de servicios de capital, rentas y el producido de las ventas de inversiones de portafolio en instrumentos con cotizaciones en mercados locales autorizados por la Comisión Nacional de Valores siempre que: (a) se cuente con la certificación de una entidad financiera local que acredite que la inversión fue constituida con fondos ingresados y liquidados en el MLC a partir del 21 de abril de 2025, (b) se cuente con la documentación que demuestre que el monto por el cual se accede al MLC no supera los servicios cobrados y/o el monto efectivamente recibido por la venta de la inversión realizada, y (c) la repatriación tenga lugar al menos 180 días después de la liquidación de los fondos. En relación con este segundo supuesto, se aclara que en el caso que el cobro de los servicios o venta de la inversión sea percibido en moneda extranjera la repatriación podrá concretarse por hasta el equivalente de ese monto.

Finalmente, en relación con el acceso al MLC para el repago de servicios de capital y/o intereses de títulos de deuda sin conformidad previa del BCRA, se reduce el plazo de 365 días a 180 días cuando se trate de nuevas emisiones de títulos de deuda concretados a partir del 21 de abril de 2025 (esto, junto con los restantes requisitos adicionales que se mantienen, tales como el ingreso y liquidación de divisas en el MLC por un monto equivalente al valor nominal del endeudamiento financiero, declarar la operación en el “Relevamiento de Activos y Pasivos Externos”, etc.).

BOPREAL Serie 4

Según anunció el BCRA en su comunicado de prensa, se emitirá una nueva serie de BOPREAL con el objetivo de ordenar los pagos de los stocks heredados de deudas comerciales anteriores al 12 de diciembre 2023, dividendos y servicios de deuda comercial y financiera retenidos con entidades vinculadas.

Los BOPREAL Serie 4 tendrían un plazo de 3 años, estarán nominados en dólares y podrán suscribirse en pesos. Los bonos devengarán una tasa de interés que será definida al momento del anuncio de su primera licitación, y será pagadera semianualmente. El capital será repagado en una sola amortización al vencimiento. En una primera instancia, se aprobará un monto total de emisión de hasta 3.000 millones de dólares que serán adjudicados por adhesión en licitaciones sucesivas.
Las fechas de licitación para suscribir los BOPREAL Serie 4 serán anunciadas en los próximos días por el BCRA a través de una Comunicación B.

RG ARCA 5675/25

La RG ARCA 5675/25, publicada en el Boletín Oficial el 16 de abril de 2025, dispone el procedimiento para aplicar los BOPREAL para el pago de obligaciones impositivas y aduaneras -incluyendo intereses, multas y otros accesorios- en el marco del Decreto PEN 72/2023 y los términos de la restante normativa reglamentaria de ARCA.

En este sentido y conforme el cronograma de imputación dispuesto por la propia RG 5675/25, los contribuyentes podrán dar en pago los BOPREAL para cancelar las referidas deudas ante ARCA, transfiriendo estos bonos de forma irrevocable a la cuenta comitente de ARCA en el Banco Nación, a través de un participante u operador autorizado por Caja de Valores S.A.

Una vez transferidos los bonos por los contribuyentes, estos serán registrados bajo la modalidad de “bono electrónico” como créditos a favor de los contribuyentes, los que serán intransferibles y no negociables. Los contribuyentes podrán consultarlos e imputarlos desde el servicio “web” denominado “Administración de Incentivos y Créditos Fiscales”.

En línea con los términos de la Comunicación “A” 8226 del Banco Central de la República Argentina emitida el pasado 11 de abril de 2025, la cual -principalmente- flexibiliza los controles cambiarios para personas humanas; la Comisión Nacional de Valores con fecha 14 de abril de 2025 dictó la Resolución Nro. 1062/25.

Por medio de esta norma, la CNV elimina el parking de títulos valores para aquellas operaciones de venta de títulos valores en moneda extranjera y transferencias de títulos (emisora y receptora) cuando las mismas son realizadas por clientes personas humanas residentes.

De todas maneras, se advierte que las pautas de parking conforme los términos de la Resoluciones CNV Nros. 988 y 1018 se mantienen vigentes para las personas jurídicas.

Asimismo, también se advierte que la restricción de todo Agente para liquidar operaciones de venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera (tanto en jurisdicción local como jurisdicción extranjera), si el cliente mantiene posiciones tomadoras en cauciones y/o pases en moneda local; se mantiene vigente tanto para clientes personas humanas como personas jurídicas.

En el marco de la anunciada “Fase 3” del programa económico de la administración del Presidente Javier Milei, el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) emitió la Comunicación “A” 8226 con fecha 11 de abril de 2025, flexibilizando de forma sustancial los controles cambiarios existentes en nuestro país desde el año 2019 tras el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 609/19.

Así y tal como fuera enunciado en el comunicado de prensa del BCRA como por el propio Presidente y Ministro de Economía en la cadena nacional del día 11 de abril de 2025, esta nueva etapa del programa económico implica que: (i) la cotización del dólar en el Mercado Libre de Cambios (“MLC”) fluctuará dentro de una banda móvil entre AR$1.000 y AR$1.400, cuyos límites se ampliarán a un ritmo del 1% mensual, (ii) se elimina el “dólar blend”, las restricciones cambiarias a las personas humanas, se permite la distribución de utilidades a accionistas del exterior a partir de los ejercicios financieros que comienzan en 2025 y se flexibilizan los plazos para el pago de operaciones de comercio exterior, y (iii) se refuerza el ancla nominal perfeccionando el marco de política monetaria en el que no hay emisión de pesos por parte de BCRA para el financiamiento del déficit fiscal o para la remuneración de sus pasivos monetarios.

A continuación, los principales aspectos de la Comunicación BCRA “A” 8226:

Personas Humanas

Se eliminan las restricciones existentes para la compra y atesoramiento y/o transferencia de divisas al exterior por parte de personas humanas, siempre que estas operaciones: (i) se realicen a partir de saldos bancarios (débito en cuenta) o en efectivo -pero, solamente en caso de efectivo,  con un tope de USD100 al mes-; (ii) la entidad interviniente haga entrega de la divisa extranjera o la acredite en una cuenta bancaria local o del exterior de su titularidad; (iii) la entidad interviniente registre la operación en un registro especial online que se implementará el BCRA a estos efectos; y (iv) la entidad interviniente verifique la capacidad patrimonial del cliente para realizar dicha operación -más allá del origen y licitud de fondos-.

Por lo tanto, las personas humanas podrán comprar divisas extranjeras en el MLC sin el tope de los USD200 mensuales vigentes hasta la fecha de la presente Comunicación BCRA “A” 8226.

En relación con las operaciones de títulos valores con liquidación de moneda extranjera, solamente aquellas realizadas por clientes personas humanas y no así respecto de las personas jurídicas, se elimina la obligación de bancarizar tales operaciones. Es decir, tales operaciones de clientes personas humanas no necesariamente deberán realizarse a partir de saldos en cuentas bancarias locales o del exterior y su liquidación por parte del Agente interviniente tampoco deberá necesariamente bancarizarse.

Asimismo y en relación con los clientes personas humanas, se elimina la restricción temporal de acceso al MLC por 90 días previos y posteriores, en caso de haber realizado ciertas y determinadas operaciones con títulos valores y otras (i.e. ventas en el país de títulos valores con liquidación en moneda extranjera, canjes de títulos por activos externos, transferencia de títulos a depositarias del exterior, etc.).

Si bien a la fecha no se registra una Resolución de la Comisión Nacional de Valores, en el comunicado de prensa del BCRA trascendió que se eliminaría el parking (plazo de mínimo de permanencia de una posición en títulos para su posterior liquidación) para aquellas operaciones con títulos valores alcanzadas cuando sean cursadas por clientes personas humanas.

Restricción Temporal de Acceso al MLC

Tanto para clientes personas humanas como personas jurídicas, la Comunicación BCRA “A” 8226 dispone que no deberán tenerse en cuenta las operaciones con títulos valores y con grupo económico que pudiesen generan una limitación temporal de acceso al MLC (90 días previos y 90 días posteriores), realizadas hasta el 11 de abril de 2025.

Entonces y si bien estas restricciones se mantienen para clientes personas jurídicas, la Comunicación BCRA “A” 8226 determina una nueva fecha de corte para considerar estas limitaciones de acceso al MLC borrando el historial de aquellas operaciones realizadas 90 días previos al 11 de abril de 2025.  A modo de ejemplo, si un cliente persona jurídica transfirió títulos valores al exterior y/o adquirió CEDEARs y/o entregó pesos o fondos líquidos a una compañía de su grupo económico en un plazo menos a 90 días a la fecha, podrá -de todas formas- acceder al MLC si cumple con los restantes requisitos dispuestos al efecto.

Dividendos al Exterior

La Comunicación BCRA “A” 8226 permite el acceso al MLC para el pago y transferencia de dividendos al exterior a favor de accionistas no residentes a partir de estados contables anuales auditados correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2025; ello así, sin ningún condicionamiento o requisitos vinculados a acreditar inversiones extranjeras ni de ningún otro tipo.

No se contempla la posibilidad de pago de dividendos anticipados por el momento.

Pago de Importaciones

En relación con la importación de bienes oficializadas a partir del 14 de abril de 2025, el acceso al MLC será el mismo día de su registro de ingreso aduanero (previamente era 30 días).

Por otro lado, las importaciones de bienes por parte de personas humanas y personas jurídicas que califiquen como MiPyMEs podrán pagarse a través del MLC a partir del despacho del puerto de origen (previamente era 30 días a partir del registro de ingreso aduanero).

En cuanto a las importaciones de bienes de capital, éstas podrán pagarse a través del MLC con un 30% de anticipo, 50% a partir del despacho del puerto de origen y 20% a partir del registro de ingreso aduanero (previamente era un 20% de anticipo y solamente para MiPyMEs).

En cuanto a las importaciones de servicios prestados o devengados a partir del 14 de abril de 2025 con una contraparte que no sea vinculada, estos podrán ser cancelados a través del MLC desde la fecha de presentación o devengamiento del servicio (previamente era 30 días, salvo excepciones vinculadas a ciertos servicios correspondientes a determinadas posiciones arancelarias como turismo o compañías emisoras de tarjeta de crédito).

Finalmente y en relación de importaciones de servicios entre empresas vinculadas, estos podrán pagarse a través del MLC a partir de que se cumplan 90 días de la fecha de prestación del servicio (previamente era 180 días).

La Comisión Nacional de Valores (“CNV”) emitió la Res. Nro. 1058 con fecha 12 de marzo, por la cual introduce mayores previsiones en la regulación sobre “Proveedores de Servicios de Activos Virtuales” (“PSAV”). La norma se publicó con fecha 14 de marzo de 2025 en el Boletín Oficial y entrará en vigencia a los 45 días corridos (es decir, el día 28 de abril de 2025).

En este sentido, cabe recordar que con fecha 3 de marzo de 2024, por medio de la sanción de la Ley Nro. 27.739 se incorpora la definición de PSAV, confiriéndole a la CNV la facultad de centralizar un registro de PSAV. Así, en dicha oportunidad y siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el propósito de la norma fue crear un registro de PSAV para que, todo sujeto allí inscripto, revista la condición de “sujeto obligado” y quede sujeto al cumplimiento de la normativa anti-lavado aplicable.

Posteriormente, con fecha 25 de marzo de 2024, se emite la Res. 49/2024 de la Unidad de Información Financiera (UIF), la cual establece los requisitos mínimos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiación de armas de destrucción masiva aplicable a todos los PSAV.

En concordancia, a través de la Res. CNV Nro. 994 de fecha 25 de marzo de 2024, crea el referido registro PSAV, con los requisitos que toda persona humana o jurídica, sea nacional o extranjera, que desarrollare algún tipo de actividad comprendida en la norma, debía cumplir para su inscripción.

Hasta dicho momento, la normativa de CNV no incluía ninguna otra obligación, requisitos de estructura o de operaciones, régimen informativo o pauta adicional aplicable a todo PSAV, sino que solamente se refería a la necesidad y obligación de inscripción en el registro.

A partir de la reciente Res. CNV 1058, se incorporan los siguientes aspectos principales en relación con la actuación como PSAV:

1) Se aclara que toda persona jurídica extranjera que pretenda inscribirse como PSAV en nuestro país, deberá hacerlo mediante la constitución de un vehículo societario local -para lo cual y toda vez que incorpore accionistas extranjeros, estos deberán inscribirse en los términos del Art. 123 de la Ley General de Sociedades- o estableciendo una sucursal de la sociedad extranjera en los términos del Art. 118 de la Ley General de Sociedades.

2) Por su parte y en relación con las personas jurídicas locales, se aclara que para la inscripción en el registro de PSAV, estás deberán adoptar el tipo societario de Sociedad Anónima (S.A.) -asumimos que quedaría subsumida la Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.)- o Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).

3) El objeto social de toda persona jurídica que pretenda inscribirse en el registro de PSAV, deberá hacer referencia expresa o implícita a las actividades propias de PSAV.

4) En los requisitos de inscripción en el registro de PSAV, también se incorporan algunas modificaciones y mayores exigencias. Así, las personas humanas deberán acompañar, de forma adicional a lo previsto en la normativa previa: (i) un Certificado Nacional de Reincidencia, (ii) manifestación de bienes y dudas certificado por un contador público independiente con firma legalizada, (iii) declaración jurada en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiación de las armas de destrucción masiva, (iv) formulario de Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de CNV para obtener credenciales de operador y firmante, (v) informe de idóneo informático o sistemas, (vi) información de convenios con terceros, y (vii) declaración jurada suscripta por el solicitando manifestando el cumplimiento de todas las exigencias requeridas por la CNV a los fines de la inscripción en el registro. Por su parte, en relación con las personas jurídicas que pretendan inscribirse en el registro de PSAV, deberán acompañar de forma adicional a lo establecido previamente en la norma: (i) información sobre accionistas, acompañando una copia del respectivo registro de accionistas; (ii) nómina de autoridades con información personal (directores, síndicos, representante legal, etc.), (iii) Certificado Nacional de Reincidencia por cada director, síndico y representante legal, según corresponda, (iv) declaración jurada en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiación de las armas de destrucción masiva por cada miembro del directorio, síndico y/o representante legal, (v) designar e informar un Responsable de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno como así también un Responsable de Relaciones con el Público -figuras asimilables a la requeridas a los Agentes de Mercado de Capitales-, (vi) formulario de AIF para obtención de credenciales de operador y firmante, (v) estados contables auditados que demuestren el cumplimiento de los requisitos patrimoniales asignados (tal como indicamos más abajo) con una antigüedad no mayor a 8 meses desde la fecha de filing (caso contrario, se deberá adicionar una certificación contable); (vi) documentación societario avalando la decisión de proceder con la inscripción de la sociedad en el registro de PSAV y que conste, con carácter de declaración jurada, que la sociedad cuenta con una estructura administrativa propia adecuada para actuar como PSAV, (vii)  informe de idóneo informático o sistemas, (viii) información de convenios con terceros, y (ix) declaración jurada suscripta por el solicitando manifestando el cumplimiento de todas las exigencias requeridas por la CNV a los fines de la inscripción en el registro.

5) Se constituyen distintas categorías de PSAV, a saber: (i) Categoría 1, “Intercambio entre Activos Virtuales y monedas de curso legal, (ii) Categoría 2, “Intercambio entre una o más formas de Activos Virtuales”, (iii) Categoría 3, “Transferencia de Activos Virtuales”, (iv) Categoría 4, “Custodia y/o Administración de Activos Virtuales”, y (v) Categoría 5, “Participación y Provisión de Servicios Financieros Relacionados con la Oferta y/o Venta de un Activo Virtual por parte de un Emisor” (apps o plataformas para ICOs y/o medio de captación de fondos).

6) Se incluyen requisitos patrimoniales mínimos para cada categoría de PSAV, situación que deberá demostrarse en la presentación de estados contables anuales auditados. Así, el patrimonio neto mínimo para las Categorías 1, 2 y 4 es de UDS150.000, la Categoría 3 es de USD75.000, y la Categoría 5 es de USD35.000. Las exigencias patrimoniales se reducen al 50% en cada categoría, si en los últimos 12 meses las Categoría 1, 2 y 3 registran un volumen transaccional menor de USD2.500.000, mientras que la Categoría 4 un volumen de custodia menor a USD2.500.000 dentro de ese mismo periodo. En caso de que un PSAV se inscriba en más de una categoría, deberá cumplir la exigencia patrimonial mayor.  En caso de no cumplir con la exigencia patrimonial correspondiente según evidencia un estado contable anual, entonces el PSAV tendrá 10 días hábiles para tomar medidas tendientes a su recomposición.

7) Se incluye la obligación de todo PSAV de contar con manuales de procedimientos, políticas y procedimientos de gestión de riesgos, procedimientos para atención de reclamos de clientes, políticas de seguridad de la información y un Código de Conducta.

8) Se exige incorporar sistemas informáticos de gestión -los cuales deberán cumplir con ciertas pautas operativas mínimas indicadas en las normas- y tomar ciertas y determinadas medidas de ciberseguridad. Asimismo, se requiere un informe anual de auditoría en sistemas verificando el grado de cumplimiento de tales recaudos y pronunciándose al respecto.

9) Aquellos PSAV correspondientes a la Categoría 4 (custodia de Activos Virtuales), deberán incorporar un sistema de custodia que cumpla con ciertas pautas y recaudos fijados en la norma.

10) Se prevén ciertas y determinadas conductas de actuación que debe seguir todo PSAV para garantizar el profesionalismo y diligencia de su actuación.

11) Se incorpora la figura de un Responsable de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno como un Responsable de Atención al Público; roles que deberán integrarse en la estructura de todo PSAV (requisito similar a los correspondientes a los Agentes inscriptos en CNV).

12) Se deberá publicitar en el sitio web y/o app, el esquema de comisiones y honorarios que todo PSAV percibe por sus operaciones.

13) Se contempla el referenciamiento de clientes entre un PSAV con Agentes registrados en la CNV, tal como contemplan las normas propias aplicables a los Agentes. También se habilita el referenciamiento de clientes con terceros que no sean Agentes, sean locales o extranjeros.

14) Todo PSAV podrá suscribir convenios con terceros para la integración de sus operaciones, debiendo cumplir ciertas pautas indicadas en la norma.

15) Se incluye un régimen informativo periódico que deberá cumplirse a través de la AIF: presentación de estados contables o certificación contable -según PSAV persona jurídica o humana-, régimen quincenal con información de cantidad de clientes y volumen de operaciones, etc.

16) Se modifica y abrevia la leyenda obligatoria que todo PSAV inscripto en el registro de CNV, debe implementar en su sitio web y/o app y/o red social y/o cualquier material de marketing. En este sentido, solamente deberá indicarse: “Inscripto bajo el N° X de fecha X en el Registro de PSAV de la CNV (República Argentina”)”, eliminándose la referencia a “Este registro es a los fines del control como Sujeto Obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y de todo otro ente regulador facultado a tal efecto, en el marco de sus competencias, y no implica licencia ni supervisión por parte de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES sobre la actividad realizada por el PSAV“.

Todos los PSAV ya inscriptos en el registro de CNV, deberán readecuarse a las nuevas exigencias normativas previstas en la Res. CNV 1058. Así, los PSAV personas humanas deberán hacerlo al 1 de julio de 2025, mientras que los PSAV personas jurídicas locales al 1 de agosto de 2025 y las personas jurídicas extranjeras al 1 de septiembre de 2025.Luego, la Res. CNV 1058 aclara que todas las disposiciones de la norma para estos aplicarán a partir del 31 de diciembre de 2025.

Finalmente, la norma aclara que las nuevas inscripciones en el registro de PSAV quedan suspendidos hasta la entrada en vigencia de la Res. CNV 1058, situación que tendrá lugar a los 45 días contados desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial, es decir, el día 28 de abril de 2025.

El lunes 9 de febrero de 2025 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N.º 67/2025 (el “Decreto”), dictado por el Poder Ejecutivo Nacional (“PEN”), mediante el cual se autorizó el procedimiento de privatización total de la empresa Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima (“BCLSA”).

BCLSA es una sociedad del Estado creada en 2013, cuyo objeto principal es la prestación y explotación comercial del servicio, operación y logística de trenes. Actualmente, está a cargo de las principales líneas de transporte de cargas del país: General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.

A través del artículo 7 de la Ley N.º 27.742 – Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos –, BCLSA fue declarada empresa “sujeta a privatización”, junto con otras entidades. En este contexto, el Ministerio de Economía presentó al PEN un informe con una propuesta concreta sobre el proceso y la modalidad de privatización de la sociedad. En función de ello, el PEN autorizó la privatización total de BCLSA mediante un proceso de desintegración vertical, que implica la separación de actividades y bienes de cada una de sus unidades de negocio. Este procedimiento se llevará a cabo bajo dos modalidades:

• Remate público para la venta del material rodante.
• Celebración de contratos de concesión de obra pública para las vías ferroviarias, sus inmuebles aledaños y el uso de los talleres ferroviarios, en los términos de las Leyes N.º 17.520 y N.º 23.696.

Para cumplir con lo dispuesto, el Decreto establece que el Ministerio de Economía, con la asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, deberá adoptar las medidas necesarias para concretar las siguientes acciones:

(i) Venta del material rodante mediante remate público, conforme a la Ley N.º 23.696, destinando los fondos obtenidos al financiamiento y pago de obras sobre las vías a ser concesionadas.
(ii) Concesión de las vías de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, junto con sus respectivos talleres, mediante licitación pública nacional e internacional.
(iii) Disolución y liquidación de BCLSA, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos mencionados en el punto anterior.

Asimismo, el Decreto delega en el Ministerio de Economía la facultad de convocar y adjudicar la licitación pública nacional e internacional para la concesión de las vías, sus inmuebles aledaños y los talleres ferroviarios bajo el régimen de concesión de obra pública.

Tal como se anticipó en nuestro boletín del 28 de enero de 2025, la Dirección Nacional de Vialidad (“DNV”) ha publicado las Especificaciones Preliminares de los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares (las “Pre-Especificaciones”) para los tramos denominados “Tramo Este” y “Tramo de Conexión” del Corredor Vial Mercosur.

A continuación, se presenta un resumen de los aspectos más relevantes de las Pre-Especificaciones, así como la versión preliminar del Contrato de Concesión publicado por la DNV.

Las especificaciones finales, junto con las fechas de las distintas etapas del proceso licitatorio, se publicarán junto con la convocatoria oficial a licitación.

Las consultas y/o propuestas relacionadas con las Pre-Especificaciones pueden presentarse a través de un formulario digital disponible en el sitio web de la DNV.

Mercosur Road Corridor Toll Concession: Summary of the Preliminary Tender Documentation

As anticipated in our newsletter dated January 28, 2025, the National Road Administration (Dirección Nacional de Vialidad, “DNV”) has published the Preliminary Specifications of General and Specific Terms and Conditions (the “Pre-Specifications”) for the sections referred to as the “Eastern Section” and the “Connection Section” of the Mercosur Road Corridor.

Please find below a summary of the most relevant aspects of the Pre-Specifications, as well as the preliminary version of the Concession Contract published by the DNV. 

The final specifications, along with the dates for the different stages of the bidding process, will be published alongside the official call for bids.

Inquiries and/or proposals related to the Pre-Specifications can be submitted through a digital form provided on the DNV´s web site. 

En el día de hoy se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nro. 104/2025 (la “Resolución”) de la Dirección Nacional de Vialidad (“DNV”) mediante la cual se convoca a audiencia pública respecto de los tramos denominados “Tramo Oriental” y “Tramo Conexión” (los “Tramos”), ambos pertenecientes al Corredor Vial Mercosur.

Recordamos que la semana pasada, a través del Decreto Nro. 28/2025 del Poder Ejecutivo Nacional se inició el proceso de licitación para la concesión por peaje de los tramos y rutas que integran el Corredor Vial Nro. 18, también conocido como el “Corredor Vial Mercosur” (para mayor información, ver nuestro boletín informativo de fecha 21 de enero).
 
El procedimiento de audiencia pública tendrá por objeto informar a la población, organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales, con participación de las autoridades nacionales, provinciales y locales convocadas, acerca del proyecto de “Red Federal de Concesiones – Etapa 1” para los Tramos.
 
Los Tramos están conformados por las rutas 12 (desde Zárate a Ceibas y desde Ceibas hasta Gualeguay), 14 (desde Ceibas hasta Paso de los Libres), 135 (de Colón a General Artigas), A-015 (de Concordia a Represa Salto Grande), 117 (de Paso de los Libres a Agustín P. Justo y de Agustín P. Justo al límite internacional entre la Argentina y Brasil), y la 174 (de Rosario a Victoria).
 
Las audiencias serán celebradas presencialmente en las siguientes fechas:
 
Tramo Oriental. Martes 25 de febrero de 2025 a las 10 a.m. en Calle Estrada 1080 Parque de la Estación, Gualeguaychú, Entre Ríos.
 
Tramo Conexión. Jueves 27 de febrero de 2025 a las 10 a.m. en el Palacio Municipal Ezpeleta y Sarmiento, planta alta, Victoria, Entre Ríos.
 
En caso de tener la intención de presentarse como participante, las inscripciones estarán abiertas desde el martes 28 de enero de 2025 hasta el domingo 23 de febrero de 2025. Las mismas se realizarán a través del sitio web de la DNV (https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional). Asimismo, durante el plazo en vigencia de inscripción, los interesados podrán consultar información relativa a los Tramos (proyectos y antecedentes) a través del sistema de “Trámites a Distancia” (TAD) mediante la opción de “presentación ciudadana ante el poder ejecutivo”.
 
La presente Resolución designa a la Gerencia Ejecutiva de Comunicación, Prensa y Relaciones Institucionales como encargado de la implementación, coordinación y organización de las audiencias públicas convocadas. Además, se designa al Sr. Martín Nahuel Zangirolami para presidirlas (Subgerente de Atención al Usuario de la Administración).
 
Dentro del plazo de 10 días de finalizada las audiencias públicas, se elevará un informe final para publicación y dentro de los siguientes 30 días la DNV se expedirá sobre el procedimiento.
 
Asimismo, se remarca que, a pesar de no ser de carácter vinculante, los resultados de las audiencias públicas que se realizarán deberán ser tomados en consideración por parte de las autoridades.

Finalmente, se resalta que, en el día de hoy, la DNV publicó los pre-pliegos generales y particulares para la licitación de los Tramos. En breve compartiremos un análisis preliminar de tales pre-pliegos.

Por mayor información sobre el presente proceso licitatorio o los pre-pliegos, podrán contactarnos a los mails de contacto indicados más abajo.

La Comisión Nacional de Valores emitió la Res. CNV Nro. 1048, la cual fuera publicada en el Boletín Oficial el 9 de enero de 2025 (la “Resolución”). La Resolución introduce importantes cambios en el régimen de Agentes -incluyendo al Agente de Negociación (“AN”), Agente de Liquidación y Compensación (“ALyC”) y Agente Asesor Global de Inversiones (“AAGI”)- en materia de referenciamiento de clientes, acciones de publicidad y difusión, medios de captación de órdenes y contacto con clientes.

La Resolución fue previamente sometida a consulta público a través del “Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas” mediante las Res. CNV Nros. 983 y 1015.  La Resolución se encuentra vigente y los Agentes deberán adecuarse a sus disposiciones antes del 31 de marzo de 2025.

A continuación, los aspectos más relevantes:

Referenciamiento de Clientes con Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, Proveedores de Servicio de Pago, Plataformas de Financiamiento MiPyME, Entidades Financieras y otros Agentes

La Resolución incorpora, como una de las funciones de los AN, ALyC y AAGI el referenciamiento de clientes a favor de aquellas entidades inscriptas ante la CNV en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (“PSAV”); entiéndenos como tal a la actividad de contactar a un cliente con un PSAV con el que previamente haya suscripto el correspondiente convenio, no resultando el AN o el ALyC o el AAGI responsable de las potenciales inversiones y/o decisiones de inversión que se adopten en el ámbito de actuación de los referidos PSAV. Asimismo y en igual sentido, la Resolución también reconoce que el AN, ALyC y AAGI podrán recibir clientes referenciados por un PSAV, debiendo cumplir al efecto con la totalidad de los procedimientos inherentes a la apertura de las cuentas comitentes, no pudiendo derivar operaciones ni delegar dichas funciones en ningún otro sujeto, incluido el PSAV referenciador.

Por su parte y limitándose a las facultades del ALyC -es decir, en estos supuestos se excluyen a los AN y los AAGI-, estos también podrán referenciar y recibir referenciamiento de clientes con Proveedores de Servicio de Pago (PSP), Plataformas de Financiamiento MiPyME y Entidades Financieras, todas ellas entidades debidamente autorizadas o inscriptas en los registros correspondientes a cargo del debidamente inscriptos en el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”).

Finalmente y asimilando a la figura de “Introducing Broker” regulada en distintas jurisdicciones (i.e. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, Australia, Suiza, etc.) o como si fuera un “Agente Productor”, la Resolución también permite a los ALyC referenciar y recibir referenciamiento de clientes con otros ALyC. En este sentido, la norma aclara que, el ALyC que reciba los clientes referidos deberá cumplir con la totalidad de los procedimientos inherentes a la apertura de las cuentas comitentes, no pudiendo derivar operaciones ni delegar dichas funciones, de manera parcial o integral, en ningún otro sujeto, incluido el ALyC referenciador.

Todo referenciamiento de clientes por parte de los Agentes, deberá instrumentarse mediante la suscripción de un convenio escrito; el cual, deberá informarse a la CNV.

Acciones de Publicidad y Difusión

Por un lado, la Resolución incorpora y reconoce expresamente a los medios digitales como un posible canal de difusión para que todo Agente curse acciones de publicidad de sus servicios.

Por otro lado y en línea con el nuevo régimen de referenciamiento de clientes incorporado por la Resolución, se incorpora la posibilidad de que un Agente realice acciones de publicidad de sus servicios a través de terceros que revistan el carácter de Agentes registrados en la CNV, PSAV, Entidades Financieras, PSP y/o Plataformas de Financiamiento MiPyME.

Inclusive, la norma permite expresamente que tales acciones de publicidad se incorporen en los sitios web de estos terceros. Ahora bien, cuando, adicionalmente, la publicidad o difusión de los servicios del Agente se realice por medio de una “App” provista por un tercero, ello deberá ser informado al usuario de manera clara y precisa, brindando todos los datos de inscripción del Agente como parte de la mencionada publicidad.

Finalmente, dicho servicio de publicidad por parte de terceros en línea con lo aquí indicado deberá plasmarse en un convenio que deberá remitirse a la CNV. Inclusive, todo Agente deberá informar, por medio de la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) el o los terceros intervinientes y el medio utilizado, indicando sus dominios de internet y/o Uniform Resource Locator (URL) de descarga de las aplicaciones para dispositivo móvil en caso de corresponder.

Modalidades de Captación de Órdenes

En concordancia con el referenciamiento de clientes y la posibilidad de publicitar servicios a través de terceros, la Resolución aclara que, en caso de utilizar herramientas informáticas provistas por un tercero, el Agente será responsable ante cualquier contingencia que impida su normal funcionamiento.

También se incorpora que todo Agente deberá poner a disposición del cliente al menos una modalidad de captación de ordenes e instrucciones como vía alternativa para el supuesto de que el medio implementado como modalidad de captación de ordenes e instrucciones sufra cualquier tipo de contingencia que le impida continuar siendo utilizado de manera normal y habitual.

Asimismo se incluyen mayores precisiones vinculadas a las captaciones de ordenes por medios digitales, redes privadas y telefónicas.

Cronograma de Adecuación

Por último, la Resolución contempla que todos los Agentes deberán adecuarse a las disposiciones de esta norma hasta el 31 de marzo 2025; incluyendo la adecuación de los formularios correspondientes a “Captación de órdenes y Modalidad de contacto con clientes”, “Publicidad y/o Difusión” y “Nómina de Agentes con Contrato y Referenciamiento de Clientes” a través de AIF.

El Directorio de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) dictó la Resolución General Nro. 1047/2025 (la “Resolución”), por la cual se reglamentaron los regímenes de oferta pública automática sometidas a consulta pública a través de la Resolución General Nro. 1028/2024 por parte del mismo organismo. La Resolución se publicó en el Boletín oficial el 9 de enero de 2025.

La Resolución incorpora dos nuevos regímenes especiales aplicables a la oferta de valores negociables que, por su bajo y/o mediano impacto, pueden ser eximidos total y/o parcialmente de una serie de obligaciones y requerimientos habituales del régimen de oferta pública, pero que, al mismo tiempo, puedan ser considerados como ofertas públicas que cuenten con autorización automática de la CNV. De esta manera, se dispuso la creación de los siguientes regímenes: (i) Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto (el “Régimen de Bajo Impacto”); y (ii) Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto (el “Régimen de Mediano Impacto”). Asimismo, la norma incorpora el Régimen de Remate de Valores Negociables (el “Régimen de Remate”).

Es importante destacar que estos regímenes quedarán limitados única y exclusivamente a aquellas Obligaciones Negociables (“ON”) emitidas en el marco de la Ley de Obligaciones Negociables, incluyendo valores de corto plazo emitidas bajo tal modalidad. Sin embargo, quedarán excluidas del presente régimen las ONs convertibles en acciones y las plataformas de financiamiento colectivo. Asimismo, solamente podrán participar, tanto en la colocación primaria como secundaria, inversores calificados.

En este contexto, se prevé el Régimen de Bajo Impacto para aquellas ofertas públicas de ONs que, además de reunir los requisitos señalados por la norma, no excedan del monto nominal máximo de un millón (1.000.000) de Unidades de Valor Adquisitivo (“UVA”). Entre los beneficios más destacables del presente régimen, cabe resaltar que no se encontrarán obligados a preparar, presentar y/o publicar un prospecto, suplemento de prospecto o documentos similares para su aprobación previa por parte de CNV. Ahora bien, esto no obsta de modo alguno a la obligación de publicación al inicio del plazo de difusión en los sistemas de información de los mercados autorizados en donde se listen y/o negocien estos valores negociables.

Por su parte, el monto máximo previsto para el Régimen de Mediano Impacto es de siete millones (7.000.000) de UVAs. En estos casos se requerirá de un trámite de ingreso al régimen con menores exigencias, cumpliendo siempre con las obligaciones informativas específicas para la protección adecuada de los inversores.

Finalmente, se incorpora el Régimen de Remate para aquellos remates de valores negociables, ya sean judiciales o extrajudiciales, que provengan de la ejecución de garantías reales o fideicomisos de garantía, contarán con autorización automática para su oferta pública siempre y cuando den cumplimiento acabado con todos los requisitos exigidos por la presente Resolución. Es importante destacar que este régimen solamente será aplicable en la medida en que el remate no incluya valores negociables provenientes de acciones ni títulos representativos del capital social de sociedades admitidas bajo el régimen de oferta pública. 

En el día de hoy la Inspección General de Justicia (“IGJ”) emitió la Resolución General Nro. 2/2025 (la “Resolución”) que crea el Servicio Jurídico Permanente (“SJP”) para la revisión previa de los actos administrativos emitidos por la IGJ que pudieren tener incidencia en derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados.
 
La Resolución se dicta en cumplimiento de las estipulaciones previstas por la Ley de Procedimientos Administrativos, que prevé la necesidad de asesoramiento legal específico cuando el acto jurídico a emitir tiene potencialidad para afectar derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados –es decir, los usuarios de la IGJ–. En los considerandos de la Resolución, el Inspector General explica que el SJP tiende a asegurar la garantía de derecho defensa y de la tutela judicial efectiva, buscando anticipar y evitar vicios en los actos administrativos emitidos por el organismo.
 
En este contexto, el SJP intervendrá a través de la producción de un dictamen jurídico previo a la emisión de actos administrativos; ello así y como ya se dijo, en los casos en los que el acto a dictarse pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos de los usuarios de la IGJ. Este servicio dependerá directamente del Inspector General de Justicia y hasta en tanto se designe el profesional a cargo, se encomendará la intervención a la Jefatura del Departamento de Asuntos Judiciales.